LA PARTICIPACIÓN UN DERECHO QUE NO EJERCEMOS.
Los
venezolanos tenemos un derecho constitucional que no ejercemos, reclamamos o
exigimos: el derecho a participar. En el marco de la constitución se hace un
llamado a participar en 130 de los 350 artículos que la componen.
Siendo la participación unos de los principios
(inicio) básicos de todos los demás derechos humanos es vital el ejercicio del
mismo: los atributos que los derechos humanos protegen, conllevan el derecho a
participar libremente en los asuntos que guarden relación, influyan o afecten
el reconocimiento, goce o ejercicio de todos estos derechos.
Sobre
la participación, se reconoce en la constitución la participación directa y la
participación indirecta. En la práctica, el énfasis siempre se pone en la
participación indirecta. El gobierno la promueve, los gremios y asociaciones
también, en las elecciones se refuerza este sentido, pero después de elegir
directamente, se delega a otros el poder de tomar las decisiones; y casi nadie
muestra interés en promover, o mejor educar la participación directa.
En
la constitución, en los artículos 62 y 70, se señala la necesidad de
participación directa en el ámbito del poder público. En su contenido se
señalan unos medios de participación directa. Uno de estos medios es la
Asamblea de Ciudadanos. Una de las características distintiva de los otros
medios es que las decisiones que se tomen en su ejercicio son de carácter
vinculante para las autoridades públicas. Sobre esta cualidad de las decisiones
de las Asambleas de Ciudadanos poco se ha escrito.
En
los últimos años las únicas leyes que han desarrollado normativas específicas
sobre las Asambleas de Ciudadanos, son las leyes del llamado Estado Comunal.
Muchas de estas leyes son cuestionadas porque contiene normas que se consideran
restrictivas para el ejercicio libre de las Asambleas de Ciudadanos, y
violentan principios fundamentales del derecho a la participación. Son
restricciones indebidas del derecho a la participación: las leyes que prohíban,
discriminen o limiten el derecho a participar; Las medidas que obliguen a
ejercer el derecho, o a inhibirse de su ejercicio; Los requisitos que
obstaculicen el derecho a participar o puedan conducir a sus negación; Las
medidas de prohibición o suspensión injustificada del derecho; la omisión de
las medidas que protegen el derecho a participar. Aquí hay que recordar el
artículo 07 de la Constitución que señala a la misma como “… la norma suprema y el fundamento del
ordenamiento jurídico…”, por tanto toda ley que contradice sus principios
fundamentales, aunque estén legalizadas, deben ser restructuradas y adecuadas a
la Constitución.
La
participación como atributo necesario para dar garantía al llamado protagonismo
de los ciudadanos en la marcha de los destino de la nación y en particular de
los municipios, requiere ser educada, promovida, activada, pero también
requiere de la voluntad política para permitirla. No bastan las palabras
discursivas que la ensalzan, se requiere voluntad para favorecerla. Al respecto
la Ley Orgánica del Poder Público Municipal en su artículo 254 señala la
obligación del Municipio de crear programas de formación dirigidos a los
ciudadanos para fortalecer o desarrollar sus capacidades, la cultura de la participación
debería ser una de esas capacidades a desarrollar. Pero ¿cuál municipio del
Estado Sucre cumple esta obligación? ¿Será que mientras menos cultos en este
aspecto, menos problemáticos serán los ciudadanos? Pareciera que el escaso o
nulo interés tiene sus justificaciones.
La Fundación INCIDE tiene 26 años
apostando por la educación ciudadana, en particular sobre los derechos a la
participación. El esfuerzo se mantiene con el mismo optimismo, esperanza y
firmeza, a pesar de lo difícil que resulta generar un cambio en la conciencia
de los ciudadanos. Pero creemos en la gente y seguimos apostando por generar
unos ciudadanos más comprometidos con su destino, ciudadanos que prioricen la
recuperación de los principios y valores originarios de nuestra sociedad venezolana
como la solidaridad, la fraternidad, el respeto a la dignidad de toda persona,
el sentido de comunidad, el gentilicio venezolano… y se desechen los antivalores que en estos
últimos años se nos han ido inculcando. Creemos que a través del ejercicio de
la participación ciudadana de manera organizada, con libertad para decidir, con
autonomía para darnos direccionalidad, con independencia de ataduras ideológicas,
priorizando el sentido de lo común,
siendo solidarios y fraternos podemos generar un verdadero cambio hacia
la buena vida que todos queremos.
Por
Simón Fuentes. Fundación INCIDE.
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