PRESUPUESTO PARTICIPATIVO MUNICIPAL




Los malos gobiernos son considerados una de las principales causas de los trastornos que aquejan a nuestras sociedades. Según el desempeño de estos gobiernos muchos problemas sociales pueden alcanzar niveles críticos, como el deterioro de los servicios públicos,  la inseguridad, la inflación, el desempleo, otros;  generando una fuerte insatisfacción en la sociedad y haciendo cada día más lejanas las esperanzas de la gente. Tener un buen gobierno, es la expectativa razonable de toda sociedad. Un buen gobierno para serlo debe  necesariamente  caracterizarse  por la promoción de la participación ciudadana, la transparencia en la gestión  y la rendición de cuentas de manera pública. Pero también, debe comprometerse en la lucha contra la corrupción, y hacer  énfasis en el desarrollo humano, tomando en cuenta la opinión ciudadana a la hora de tomar las decisiones en los asuntos públicos.

En el contexto venezolano, a raíz de la nueva  Constitución Bolivariana de la República de Venezuela del  1999, y en el espíritu de alcanzar el ideal de los buenos gobiernos, se introducen varias propuestas de participación ciudadana en la gestión pública que persiguen este fin. Decimos propuestas porque en la práctica, aún no resultan obligantes para los gobiernos, pues es una cuestión de voluntad política.

La carta Iberoamericana de Calidad en la Gestión Pública, aprobada por la X Conferencia Iberoamericana de Ministros de Administración Pública y Reforma del Estado, de  El Salvador en  Junio de 2008, y que luego fue  adoptada en la XVIII Cumbre Iberoamericana de Jefes de Estados y de Gobierno en Octubre del mismo año y en la misma ciudad, señala sobre la Participación ciudadana para la mejora de la calidad en la gestión de gobierno lo siguiente: “La Administración Pública desarrollará mecanismos de participación ciudadana a lo largo de todo el ciclo de las políticas públicas. En particular, a través de comités consultivos, o grupos de trabajo con ciudadanos y representantes de la sociedad, foros, encuentros, jornadas de intercambio de experiencias con otras instituciones o Administraciones Públicas y actividades similares, o las encuestas de opinión y sistemas de recogida de sugerencias de mejora y atención de reclamos”  La Calidad en la gestión pública es pues, un anhelo iberoamericano.

Siendo  específicos en cuanto a lo señalado en el marco legal venezolano sobre la participación, la Ley Orgánica del Poder Publico Municipal en sus artículos 250,253, 262, 264 y 265, hace señalamientos sobre los derechos de participación de los ciudadanos en la gestión local.

Sin embargo, cuando se trata de derechos, y de la exigibilidad o reclamo de los mismos, es fundamental que los titulares o portadores de tales derechos los conozcan. Si no es así, no sirve de nada tenerlos  escritos en las leyes. Más grave aún es tener conocimiento de estos derechos  y aún así  no creerse propietario de tales derechos. Sólo cuando los ciudadanos se asuman como portadores de estos derechos podrán reclamarlos o exigirlos. Por eso  tener derechos no basta. Vale recordar, que además estamos obligados constitucionalmente, según el  artículo 132, a observar y controlar que se cumplan los derechos humanos.  Una responsabilidad social que aún nos cuesta hacer cumplir.

Uno de los mecanismos legales, señalados para la participación ciudadana es el llamado “Presupuesto Participativo Municipal”, que en la práctica no ha resultado  tan participativo. La ley señala el involucramiento de los ciudadanos en la formulación del presupuesto municipal  como requisito para darle la característica de participativo. Implica la apertura, necesariamente por  voluntad política, de espacios públicos abiertos para el dialogo deliberativo con  todos los ciudadanos, y no sólo con un sector poblacional.  Aquí comienza la primera dificultad. Si la disposición mental no reconoce sino bandos confrontados, en lugar de ciudadanos comunes con los mismos problemas, cómo un dialogo deliberativo puede ser posible? Si la intención, en lugar de buscar juntos soluciones, es por el contrario atizar las diferencias ideológicas, no será posible escuchar y considerar otras visiones para la formulación de un real presupuesto participativo, que se acerque a lo que todos los ciudadanos soñamos y queremos para nuestro municipio.


El presupuesto participativo se presenta como un proceso que permitiría que la gestión municipal sea compartida y transparente, que el manejo de los dineros públicos destinados a la inversión y obras públicas estén a la luz de todos. Y  garantizaría que la inversión se haga en las prioridades señaladas por misma gente, los mismos beneficiarios. Permitiría  además generar mecanismos prácticos de participación que fortalecerían  el desarrollo  de la cultura del protagonismo del pueblo en la función de gobierno.   El presupuesto participativo resulta  fundamental también para romper con las barreras burocráticas que separan a la Sociedad Civil del Estado y de los Gobiernos.  Se constituiría  además en abono para el desarrollo de una ciudadanía activa y movilizadora en la exigibilidad de sus  derechos.


Es indudable que el ejercicio de un buen gobierno implica, necesariamente, una clara y sólida base ética, y esto debe formar parte constitutiva de una forma de hacer las cosas. El ejercicio de un buen gobierno tiene como reto asumir la promoción ética como única posibilidad de desarrollar instituciones sólidas, generadoras de confianza e integradas por sujetos que representen modelos ejemplares de conducta y un correcto proceder público. La poca atención prestada a la dimensión ética  ha sido la responsable en gran medida de la crisis de valores que nuestra sociedad experimenta de manera casi crónica, la cual por cierto se expresa de manera especial en nuestras instituciones públicas y en muchas prácticas y relaciones que se establecen entre el Estado y la Sociedad en general. Por ello una apertura, con real voluntad política, a la participación de los ciudadanos en la formulación, aprobación, ejecución y evaluación del Presupuesto Municipal  es una ocasión para poner en práctica la ética pública, y  fortalecer así este fundamental  aspecto de la vida.  



Autor: Simón Fuentes, Animador de Procesos Municipales

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