"INCIDE"-Fundación de Derechos Humanos del Estado Sucre

EL DERECHO A LA PARTICIPACIÓN

            Son múltiples las perspectivas posibles de abordaje del tema de participación ciudadana.

• La filosofía antropológica, postula que participar es un modo de ser persona, pues la persona es relación (apertura), no individuo (cerrado).
• En el desarrollo de la conciencia de la humanidad sobre los Derechos Humanos hoy se proclama que la participación es un derecho humano.

En la realidad social y política de las democracias formales de América Latina también  se ha introducido el tema de  participación ciudadana.

• Pero ha emergido como  una concesión de los gobiernos - bien aconsejados por los centros de poder - para salvar la gobernabilidad de las frustrantes democracias latinoamericanas.
• No obstante,  por esta rendija abierta, los pueblos se han apropiado de la participación, como poder protagónico de base, como  herramienta fundamental e indispensable para:

o   la exigibilidad de derechos,

o   la disminución de los niveles de  corrupción,

o   y la búsqueda de una distribución democrática y equitativa, no sólo justa, de la riqueza.

            Esta última perspectiva es la óptica de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela: derecho del pueblo a constituirse como poder soberano que exige, demanda, incide en políticas públicas, controla la gestión del poder público.

            El término participación aparece muchas veces en la Constitución Nacional. Sin embargo no es un término al que siempre se le asigna un mismo sentido o significado. Pero, no cabe duda de que cuando el término participación aparece referido al pueblo como protagonista y soberano, participación significa tomar parte activa, decisoria, determinante o vinculante,  en  todos los asuntos públicos, incluidos los de la formación, gestión y control de políticas públicas.

            La gestión pública en nuestro país, todavía  carece  de una suficiente transparencia y de una satisfactoria eficiencia.

• Con la nueva Constitución no se acabaron los vicios de la administración pública,
• ni se produjeron de manera automática funcionarios públicos con los valores de servicialidad, responsabilidad, equidad, honestidad, eficiencia y transparencia que la sociedad reclama de todo funcionario público y de todo político.

            Algunos gobernantes, después incluso de la Constitución del 1999, piensan que para calmar las inquietudes sociales producidas por la frustración democrática, es necesario y conveniente que la población  asuma cuotas de participación.

• Estos gobernantes entienden la participación como remedio para salvar  la democracia y legitimar su gobierno ineficaz. Desde esta perspectiva, quienes entienden la participación como una concesión para salvar la democracia y legitimar su gobierno, reducen la participación a consulta o, en el mejor de los casos, a colaboración.

            Pero, la participación no es concesión de nadie ni remedio para salvar la democracia o legitimar gobierno alguno.

•  Es derecho y es condición indispensable de democracia y condición fundante de la ciudadanía.

•  Definimos, por tanto, la participación como el involucramiento, comprometido y responsable, de las bases organizadas  en los procesos de toma de decisiones, de planificación, de seguimiento y supervisión, del Poder Público, con conciencia de poder de base protagónico y soberano y, además, intransferible.

             En consecuencia: 

• participación no es asistencia pasiva de las personas en una reunión,
•  ni puede reducirse a una consulta,
•  ni puede confundirse con la colaboración que las personas dan para que una iniciativa del gobierno resulte exitosa.

Participación sí es  implicación de la base organizada en:

•  La toma de decisiones que se refieren a la formulación de políticas (ordenamiento jurídico, distribución presupuestaria, aplicación de justicia, etc.),
• en la ejecución y control de las mismas, de manera activa y protagónica, con la finalidad de que la riqueza se distribuya de manera equitativa en servicios y oportunidades para todos (preferencialmente para los más excluidos), eliminando los altos niveles de corrupción, aumentando  los niveles de eficacia y eficiencia de los órganos del Poder Público.